Salvar vidas y minimizar los daños materiales para reducir las pérdidas económicas. Esos son los dos objetivos de las normativas sismorresistentes que se deben aplicar en los países con riesgo de sufrir seísmos.

España no está en un área con alta probabilidad de que se produzcan grandes terremotos aunque sí hay zonas con actividad sísmica que han sufrido devastadores temblores en el pasado (el más grave fue el tsunami que se produjo en Lisboa y la costa atlántica en 1755). La Península Ibérica se encuentra situada en el borde sudoeste de la placa Euroasiática en su colisión con la placa africana. Según el mapa de peligrosidad sísmica, las regiones con mayor riesgo sísmico son Andalucía occidental, la costa de Levante y Pirineos.

Así que nuestro país se toma muy en serio esta amenaza. Además de disponer de una unidad militar de emergencia y de una amplia red de estaciones que registran los temblores de tierra y envían alertas casi de forma inmediata a los servicios de protección civil, España cuenta desde los años setenta con una estricta normativa antisísmica que regula la construcción de edificios e infraestructuras para proteger a la población en el caso de que se produzca un fuerte terremoto.

Sin embargo, los esfuerzos por minimizar los daños comenzaron mucho antes. Tras los terremotos de Torrevieja en 1829 y el de Andalucía en 1880, se emitieron informes técnicos y se reconstruyeron las localidades afectadas siguiendo unas normas mínimas de sismorresistencia, que tenían en cuenta sobre todo el emplazamiento (terreno estable y con pendientes inferiores al 5%), ampliar la anchura de las calles, limitar el número de plantas y mejorar la calidad de los materiales. En 1962 se creó una comisión para desarrollar una normativa específica que entró en vigor en 1974.Mas información en:http://www.elmundo.es

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